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Rebotan amparo a diputado de Morena y otros cuatro legisladores buscan protección federal en Campeche
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Rebotan amparo a diputado de Morena y otros cuatro legisladores buscan protección federal en Campeche

Jorge Robles -
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En Yucatán, la política dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un reality show de supervivencia interna. Lo que ocurre hoy en Morena no es una administración en funciones, sino un experimento fallido de convivencia donde cada actor juega su propia partida y el gobernador observa, cada vez más solo, cómo su barco avanza entre corrientes de sabotaje, protagonismos y egos desbocados. La escena es clara: el mandatario gobierna en soledad, rodeado por una tripulación que no rema, no obedece y, en muchos casos, parece más interesada en perforar el casco que en llegar a puerto. Morena Yucatán no opera como un proyecto político cohesionado, sino como un archipiélago de feudos donde cada dependencia hace lo que quiere, cuando quiere y —si se puede— sin pedir permiso. La pregunta que retumba en los pasillos del poder es incómoda pero inevitable: ¿quién manda realmente? ¿Quién supervisa? ¿Quién asume responsabilidades? El episodio del IIPEDEY, con una publicación lanzada sin autorización y posteriormente desconocida por el propio gobierno, es la postal perfecta del desgobierno interno. Una dependencia actuando por su cuenta, un gobierno apagando incendios y un gobernador obligado a corregir lo que su equipo jamás debió provocar. Mientras el titular del Ejecutivo busca soluciones, buena parte de sus funcionarios parecen más ocupados en su agenda personal, en el cálculo político o en la construcción de su “marca” rumbo al siguiente proceso electoral. Gobernar, al parecer, quedó relegado a segundo plano. El ambiente, francamente, ya no pide diálogo: exige un golpe seco sobre el escritorio. Hace falta mano firme para recordarle a una tropa extraviada que autonomía no es sinónimo de libertinaje. Resulta penoso observar a diputadas que, con soberbia de influencer, increpan al gobernador en eventos públicos para exigir despidos al calor del aplauso digital, como si la administración pública fuera un live de Instagram. Parecen olvidar —o nunca aprendieron— que la política no es contenido efímero. Acompañar al gobernador a actos oficiales no es para la selfie, el filtro ni los likes. Es para escuchar, entender el mensaje y alinearse. Pero eso exige algo que hoy escasea: disciplina institucional. La deslealtad alcanza su punto más crítico en el Congreso del Estado. Los diputados de Morena, más concentrados en sus aspiraciones para 2027 que en el presente de Yucatán, han decidido regatearle respaldo al gobernador, particularmente con el empréstito destinado al Anillo Metropolitano. Una obra estratégica, necesaria y de largo alcance ha quedado suspendida no por razones técnicas, sino por la soberbia política de personajes que prefieren “no quedar mal” con sus futuros votantes antes que asumir una decisión de Estado. Figuras como Cuevas han optado por dejar mal parado al gobernador antes que apostar por el desarrollo colectivo. Es una actitud mezquina que coloca la ambición personal por encima del interés público y condena al estado a la parálisis por cálculo electoral. En medio de este páramo de lealtades, el contraste es brutal. La funcionaria más eficaz del gobierno —y quizá la única que parece entender el peso de la institución— es la presidenta del DIF estatal. Más allá de ser su compañera de vida, es quien opera con compromiso, seriedad y resultados, mientras el resto del gabinete parece cumplir funciones decorativas. Ella gobierna en la misma frecuencia que el mandatario; los demás, en su propio ruido. Lo que hoy ofrece Morena Yucatán es un detritus político donde la soberbia ha devorado a la eficiencia. Como esos opinadores de redes sociales atrapados en el siglo pasado, muchos funcionarios confunden el poder con un botín y la política con un escenario. No entienden que sin orden, sin disciplina y sin una vacuna efectiva contra la egolatría, el proyecto no será derrotado por la oposición, sino hundido por su propia miseria moral.
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En Yucatán, la política dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un reality show de supervivencia interna. Lo que ocurre hoy en Morena no es una administración en funciones, sino un experimento fallido de convivencia donde cada actor juega su propia partida y el gobernador observa, cada vez más solo, cómo su barco avanza entre corrientes de sabotaje, protagonismos y egos desbocados. La escena es clara: el mandatario gobierna en soledad, rodeado por una tripulación que no rema, no obedece y, en muchos casos, parece más interesada en perforar el casco que en llegar a puerto. Morena Yucatán no opera como un proyecto político cohesionado, sino como un archipiélago de feudos donde cada dependencia hace lo que quiere, cuando quiere y —si se puede— sin pedir permiso. La pregunta que retumba en los pasillos del poder es incómoda pero inevitable: ¿quién manda realmente? ¿Quién supervisa? ¿Quién asume responsabilidades? El episodio del IIPEDEY, con una publicación lanzada sin autorización y posteriormente desconocida por el propio gobierno, es la postal perfecta del desgobierno interno. Una dependencia actuando por su cuenta, un gobierno apagando incendios y un gobernador obligado a corregir lo que su equipo jamás debió provocar. Mientras el titular del Ejecutivo busca soluciones, buena parte de sus funcionarios parecen más ocupados en su agenda personal, en el cálculo político o en la construcción de su “marca” rumbo al siguiente proceso electoral. Gobernar, al parecer, quedó relegado a segundo plano. El ambiente, francamente, ya no pide diálogo: exige un golpe seco sobre el escritorio. Hace falta mano firme para recordarle a una tropa extraviada que autonomía no es sinónimo de libertinaje. Resulta penoso observar a diputadas que, con soberbia de influencer, increpan al gobernador en eventos públicos para exigir despidos al calor del aplauso digital, como si la administración pública fuera un live de Instagram. Parecen olvidar —o nunca aprendieron— que la política no es contenido efímero. Acompañar al gobernador a actos oficiales no es para la selfie, el filtro ni los likes. Es para escuchar, entender el mensaje y alinearse. Pero eso exige algo que hoy escasea: disciplina institucional. La deslealtad alcanza su punto más crítico en el Congreso del Estado. Los diputados de Morena, más concentrados en sus aspiraciones para 2027 que en el presente de Yucatán, han decidido regatearle respaldo al gobernador, particularmente con el empréstito destinado al Anillo Metropolitano. Una obra estratégica, necesaria y de largo alcance ha quedado suspendida no por razones técnicas, sino por la soberbia política de personajes que prefieren “no quedar mal” con sus futuros votantes antes que asumir una decisión de Estado. Figuras como Cuevas han optado por dejar mal parado al gobernador antes que apostar por el desarrollo colectivo. Es una actitud mezquina que coloca la ambición personal por encima del interés público y condena al estado a la parálisis por cálculo electoral. En medio de este páramo de lealtades, el contraste es brutal. La funcionaria más eficaz del gobierno —y quizá la única que parece entender el peso de la institución— es la presidenta del DIF estatal. Más allá de ser su compañera de vida, es quien opera con compromiso, seriedad y resultados, mientras el resto del gabinete parece cumplir funciones decorativas. Ella gobierna en la misma frecuencia que el mandatario; los demás, en su propio ruido. Lo que hoy ofrece Morena Yucatán es un detritus político donde la soberbia ha devorado a la eficiencia. Como esos opinadores de redes sociales atrapados en el siglo pasado, muchos funcionarios confunden el poder con un botín y la política con un escenario. No entienden que sin orden, sin disciplina y sin una vacuna efectiva contra la egolatría, el proyecto no será derrotado por la oposición, sino hundido por su propia miseria moral.

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